Ya está liada. La SGAE y demás grupos de presión de la ‘aristocracia cultural’ española han convencido al Gobierno para que incluya en el anteproyecto de la nueva Ley de Economía Sostenible la posibilidad de crear una comisión administrativa con la potestad de bloquear páginas web de enlaces a descargas de archivos sin que se requiera intervención judicial. La que se ha venido llamar ‘policía cultural’ ha levantado el grito unánime de las comunidades de internautas y de los defensores de la libertad de Internet, (incluso el PP ha tachado de ‘gran hermano’ a la ministra del ramo, Ángeles González-Sinde -‘sindescargas’, Lucía Bonilla dixit). Periodistas y profesionales de la Red han lanzado el manifiesto ‘En defensa de los derechos fundamentales en Internet’, exigiendo que no se puede anteponer los derechos de autor a otros derechos fundamentales como la libertad, la intimidad o la presunción de inocencia. En el manifiesto se recalca la categoría ‘no judicial’ del nuevo órgano y la necesidad de que la industria musical busque un nuevo modelo de negocio y no se aferre a un sistema obsoleto de control de copias. Volvemos al gran drama, Internet ha cambiado de tal modo las reglas del juego, que hay crear nuevos reglamentos para adaptar los negocios tradicionales al nuevo paradigma. Pero que la defensa de su ‘status quo’ no se convierta en una rémora para el progreso.
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